El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Hector Ferrer Ríos, reclamó que el plebiscito del próximo 11 de junio sea cancelado tras la postura del Departamento de Justicia federal, conocida hoy, de que la consulta no es válida porque, entre otras cosas, no incluye la opción del estatus actual.

‘Hoy, el Departamento de Justicia federal reafirma que mi solicitud de paciencia y prudencia al Partido, al País y a mis críticos, era lo correcto. Esta determinación del Departamento de Justicia federal de rechazar la legitimidad del proceso plebiscitario que el Partido Nuevo Progresista insiste en celebrar el 11 de junio, no es otra cosa que el reconocimiento de lo que el Partido Popular Democrático ha expresado desde un comienzo. Cualquier proceso que pretenda fabricar un resultado artificial a favor de la anexión y excluir a cientos de miles de puertorriqueños del proceso electoral es una afrenta a la democracia. Exhorto al gobernador a reconsiderar y cancelar este plebiscito. Que no continúe con su obstinada insistencia en un proceso desacreditado’, dijo Ferrer Ríos.

El PPD celebrará una asamblea el próximo 23 de abril para decidir su participación en el evento electoral. ‘Ahora con todos los elementos de juicio a la mano, tomaremos una decisión sabia en beneficio de todos los puertorriqueños’, dijo Ferrer sobre este encuentro.

Entretanto, elexgobernador popular Rafael Hernández Colón, declaró que la decisión del Departamento de Justicia ‘constituye una victoria importantísima para el Estado Libre Asociado que destruye el mito del coloniaje que postula la ley del plebiscito legislado para el 11 de junio de este año. Esta decisión valida al Estado Libre Asociado como opción de futuro para Puerto Rico. La misma significa que para que un plebiscito tenga valor ante el gobierno de los Estados Unidos el Estado Libre Asociado tiene que estar en la papeleta. Si el gobierno insiste en llevarlo a cabo sin incluir el ELA estará llevando a cabo un proceso puramente partidista sin legitimidad alguna. El proceso se desacreditó. Quien respete la democracia no debe participar en él’.

Otro exgobernadorque se expresó sobre el asunto fue Alejandro García Padilla, quien catalogó como una estocada mortal al plebiscito la carta de Justicia federal.

‘El Departamento de Justicia Federal habló fuerte y claro. El plebiscito que impulsa el gobernador Ricardo Rosselló es injusto, antidemocrático e induce a error. Obviamente, los asesores del Departamento de Justicia federal leyeron la decisión en el caso Sánchez Valle, no el análisis generalizado en Puerto Rico’, expresó García Padilla.

‘La posición del Departamento de Justicia federal es justa y acoge los principios democráticos de participación ciudadana en una consulta plebiscitaria. Celebrar dicha consulta con una papeleta que excluye el estatus presente de Puerto Rico, el Estado Libre Asociado, es mínimamente antidemocrático e inconstitucional. Le niega el voto a aquellas personas, que como yo, creemos en el Estado Libre Asociado. Justicia federal también reafirmó la validez del estatus actual. El Estado Libre Asociado le ha servido bien a Puerto Rico y ante las perspectivas del futuro del país será un instrumento para la reconstrucción y desarrollo de nuestro futuro como pueblo’, dijo por su parte la exgobernadora Sila Calderón.

‘El Estado Libre Asociado acaba de ganar una enorme victoria ante la injusticia y el atropello del fanatismo anexionista’, señaló el movimiento Resistencia Autonomista. ‘Se ha derrumbado la mentira de que el ELA está descartado y se ha destrozado el argumento de que solo la estadidad garantiza la ciudadanía americana. La comunicación del Departamento de Justicia no pudo ser más contundente al señalar que los puertorriqueños tenemos un derecho incondicional bajo el ELA a la ciudadanía americana por nacimiento y que el ELA tiene que estar entre las alternativas disponibles para el pueblo en cualquier consulta. Más aún, reconoce, como algo distinto a otras fórmulas de estatus y alcanzable, lo que denomina un ‘enhanced Commonwealth”.

Algunos en la ‘Pava’ han propuesto abstenerse del proceso, mientras otros han abogado por votar por la opción soberanía – independencia. Mientras, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se unió a la excandidata independiente a la gobernación, Alexandra Lúgaro y el representante popular Manuel Natal para abogar por la soberanía en la consulta.

En reacción a la carta de Justicia federal, el senador independentista Juan Dalmau, propuso desobediencia a la postura del gobierno federal mediante celebrar la consulta sólo con opciones no coloniales. Sin embargo, el liderato penepé adelantó que cambiará la ley del plebiscito para incluir la opción del ‘territorio’.