El DRNA reconoce que no hay fondos para cerrar instalaciones conforme a las leyes vigentes.

Durante una vista pública celebrada por la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) confirmó que la mayoría de los vertederos en Puerto Rico no cuentan con fondos para realizar un cierre adecuado conforme a la ley.

Además, la senadora Marissa Jiménez Santoni, presidenta de la mencionada comisión, sostuvo que existe evidencia de que los 23 vertederos que operan en la isla actualmente no cumplen con los parámetros ni la reglamentación federal vigente.

“Se ha fallado en Puerto Rico. Cada operador debe tener un fondo garantizado para el cierre del vertedero, no es cuestión de decir ‘voy a cerrar’ sin tener el dinero. Eso está en los requisitos federales desde 1994 y no se está cumpliendo”, denunció el ingeniero ambiental Carl Soderberg, quien también subrayó que los vertederos deben tener sistemas para capturar lixiviados y metano, así como operar por celdas que se cubran diariamente para evitar proliferación de vectores.

Soderberg advirtió que el metano, gas que emiten los vertederos, es hasta 25 veces más potente que el dióxido de carbono en su capacidad de atrapar calor, convirtiéndolos en focos severos de riesgo climático.

“No podemos seguir dependiendo de construir más vertederos. Hay que cambiar el paradigma: generar menos basura, reciclar más y avanzar hacia una economía circular. Generamos más basura que muchos países industrializados”, señaló.

Por su parte, la meteoróloga Ada Monzón alertó sobre los efectos acumulativos de estas deficiencias.

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“Estos vertederos son focos de calor. Aumentan el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores, afectan la biodiversidad, cuerpos de agua, y cuando hay lluvias extremas pueden arrastrar contaminantes hacia urbanizaciones cercanas. Estamos aumentando nuestra vulnerabilidad climática”, sostuvo.

Monzón reiteró que, aunque Puerto Rico no es de los mayores emisores de gases de invernadero a nivel global, sí figura entre las jurisdicciones más afectadas por el cambio climático. Por ello, urgió mayor educación ambiental y un control efectivo del uso de plásticos y del reciclaje.

La vista, que respondió a la Resolución del Senado 2, también incluyó la participación de la empresa Hacienda Campo Rico, cuyos representantes denunciaron que el vertedero del Municipio Autónomo de Carolina se ha expandido sin permisos sobre una zona de amortiguamiento, afectando cerca de 20 cuerdas de terreno clasificado como de conservación ecológica y arqueológica.

Además, acusaron al municipio de operar sin haber instalado sistemas para contener lixiviados, sobre un área que colinda con un acuífero.

“El depósito de basura en esa zona impacta los recursos naturales y arqueológicos, pone en riesgo cientos de empleos, el valor ecoturístico del área y la salud de todos los ciudadanos”, denunció en su ponencia la Hacienda Campo Rico.

En su memorial, el DRNA detalló que el permiso de operación del vertedero de Carolina está en proceso de renovación. Aunque indicaron que se han solicitado medidas correctivas al municipio —incluyendo clarificaciones sobre los límites del terreno y estrategias financieras para el cierre—, reconocieron que aún no se ha ejecutado un cierre conforme a la reglamentación, y que varias querellas siguen bajo evaluación judicial.

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