Las vistas de confirmaci\u00f3n del Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) caminan hacia su culminaci\u00f3n hoy, pero la decisi\u00f3n de la jueza Laura Taylor Swain podr\u00eda quedar aplazada hasta febrero de 2022, o m\u00e1s tarde, despu\u00e9s de que ayer esta le concediera al Departamento de Justicia federal su petici\u00f3n de un plazo para confirmar si van a entrar o no en el caso a defender la constitucionalidad de la Ley PROMESA ante objeciones de que violenta derechos de acreedores a los que el Gobierno de Puerto Rico hizo expropiaciones.<\/p>\n
Los argumentos finales que comenzaron ayer, lunes, no trajeron elementos nuevos, y la jueza casi no expres\u00f3 dudas a los representantes de la parte, pero movidas de \u00faltima hora siguen a\u00f1adiendo controversias.<\/p>\n
Hay tres asuntos principales de \u00faltima hora que la jueza tiene que atender: 1) la entrada de Justicia federal en el tema de las expropiaciones, 2) la interpretaci\u00f3n que se le va a dar al concepto de “cero recortes de pensiones” en la nueva Ley 53 y 3) una escaramuza nueva, tambi\u00e9n con el tema de pensiones, debido a la decisi\u00f3n de la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF) de incluir una prohibici\u00f3n de 10 a\u00f1os contra la Legislatura para que no se puedan mejorar las condiciones de los planes de retiro ni de las pensiones, as\u00ed como su decisi\u00f3n de incluir las leyes 80, 81 y 82 en la lista de leyes “ocupadas”, efectivamente anuladas, por orden judicial como parte del PAD. Esta \u00faltima movida ocurri\u00f3 el domingo en la noche con la presentaci\u00f3n de una nueva versi\u00f3n del PAD, denominada “Octava Enmienda Modificada”.<\/p>\n
En cuanto a Justicia, la agencia pidi\u00f3 la semana pasada que se le concediera hasta el 31 de enero de 2022 para decidir si entran al caso y, si entran, hasta el 2 de marzo de 2022. Despu\u00e9s de la objeci\u00f3n de la JSF, y de otras partes, que resaltaron que el 31 de enero es la fecha l\u00edmite que tienen algunos acreedores para que el Plan sea implantado o de lo contrario se retiran, la jueza determin\u00f3 que Justicia federal tendr\u00e1 hasta el 7 de enero para notificar y hasta el 7 de febrero para presentar su posici\u00f3n si deciden entrar.<\/p>\n
Esta fecha, que sobrepasa el plazo del 31 de enero de los acreedores, debe evaluarse con otros dos desarrollos que hubo ayer. Por un lado, la Junta argument\u00f3 que, a\u00fan si la jueza falla a favor de los que reclaman compensaci\u00f3n justa por sus expropiaciones, esos pagos totales de casi $400 millones se pueden acomodar dentro del Plan sin afectar a otros acreedores. Esto ocurri\u00f3 al tiempo que la jueza adelant\u00f3 que su pensamiento preliminar es que no todas las partes que reclaman compensaci\u00f3n justa tendr\u00edan base legal para hacerlo. La jueza solo tiene prohibido declarar la inconstitucionalidad de PROMESA sin que Justicia federal haya presentado su posici\u00f3n, pero est\u00e1 libre de resolver la controversia de una manera que no entra en la constitucionalidad del estatuto, o declarando que es constitucional.<\/p>\n
El segundo punto, sobre la Ley 53, fue materia de argumentaciones orales y escritas la semana pasada y sigue en el aire sin que haya tenido nuevos giros significativos en el fin de semana o ayer.<\/p>\n
En el tercero, el detonante fue la aprobaci\u00f3n en la Legislatura de la Resoluci\u00f3n Conjunta del Senado 171 que ordena a la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y a la Administraci\u00f3n de los Sistemas de Retiro (ASR) a implantar el Programa de Retiro Incentivado, creado bajo la Ley 80 de 2020, y que tanto la exgobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced como el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia hab\u00edan aceptado no implantar ante las objeciones de la Junta. Eso signific\u00f3 que tanto la Ley 80, como la 81 y la 82, que tambi\u00e9n tienen disposiciones sobre el retiro de empleados p\u00fablicos, no fueron sometidas al proceso de invalidaci\u00f3n bajo la Ley PROMESA, sino que quedaron suspendidas. Pero la resoluci\u00f3n aprobada el 16 de noviembre y sometida a la firma del Gobernador provocaron que el viernes pasado la Junta aprobara incluirla en la lista de leyes “ocupadas” en el PAD y autorizara acciones legales si el Gobernador firma e implementa la resoluci\u00f3n o las leyes.<\/p>\n
El gobierno, a trav\u00e9s de la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) present\u00f3 oposici\u00f3n a esto ante la jueza Swain porque alega que la Junta violent\u00f3 el debido proceso que se supone cumpla antes de invalidar leyes.<\/p>\n
“Si la teor\u00eda de la Junta de campo ocupado prevalece de esta manera, entonces la Junta tendr\u00eda el poder unilateral de una junta de ‘control’, en vez de los poderes m\u00e1s limitados que PROMESA realmente le concede como una junta de ‘supervisi\u00f3n’. Como estableci\u00f3 este tribunal claramente al principio de estos casos (de quiebra), la diferencia entre una junta de ‘control’ y una junta de ‘supervisi\u00f3n’ es significativa, especialmente con respecto a leyes reci\u00e9n creadas que una junta de ‘supervisi\u00f3n’ no puede convertir en ‘nulas e inv\u00e1lidas unilateralmente'”, dijo AAFAF.<\/p>\n
La oposici\u00f3n de AAFAF qued\u00f3 aguada, sin embargo, cuando el lunes le dijeron a la jueza que, aunque oponen esta movida de la Junta, “en \u00faltima instancia, apoyamos el Plan”.<\/p>\n
La Junta recalc\u00f3 que estas leyes esencialmente reimplantan los m\u00e9todos de c\u00e1lculo de pensiones y beneficios que quedaron congelados en 2013 y que provocar\u00eda, por lo menos $1,600 millones en gastos nuevos.<\/p>\n
“Ya es abundantemente claro que la Legislatura y el Gobierno tienen la intenci\u00f3n de expandir los beneficios de pensi\u00f3n a trav\u00e9s de la Ley 80, y casi ciertamente aumentarlos con legislaci\u00f3n subsiguiente una vez se confirme el Plan. Como resultado, la Junta de Supervisi\u00f3n ha determinado impedir estos esfuerzos por un periodo de 10 a\u00f1os bajo los t\u00e9rminos del p\u00e1rrafo 62 de la Orden de Confirmaci\u00f3n Propuesta como algo esencial al Plan y a la misi\u00f3n de la Junta de Supervisi\u00f3n de devolver al Gobierno a la responsabilidad fiscal y para asegurar financiamiento adecuado de sus pensiones. De otra manera, la Legislatura y el Gobierno pueden deshacer, y probablemente lo hagan, todo el trabajo de la Junta de Supervisi\u00f3n con la expansi\u00f3n desastrosa fiscalmente de beneficios de pensi\u00f3n”, argument\u00f3 la JSF en un escrito.<\/p>\n
Las vistas siguen el martes en lo que se espera sea su \u00faltima sesi\u00f3n antes de que las controversias queden sometidas a la jueza para su decisi\u00f3n.<\/p>\n
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