El Director de AAFAF asegur\u00f3 que no van a unirse a la Junta en su comunicaci\u00f3n a la jueza de que la Ley 80 debe quedar anulada y defendi\u00f3 que tienen hasta el 11 de junio para presentar alternativas a la jueza.<\/i><\/p>\n
El director ejecutivo de la Autoridad de Asesor\u00eda Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Omar Marrero, dijo que, contrario a la representaci\u00f3n que hizo la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal (JSF) en una carta, el Gobierno de Puerto Rico no va a comparecer ante la jueza de quiebras Laura Taylor Swain para dar por terminada la discusi\u00f3n sobre la implantaci\u00f3n de la Ley 80 de retiro incentivado.<\/p>\n
La reacci\u00f3n de Marrero sigui\u00f3 la l\u00ednea de la que ofreci\u00f3 el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia despu\u00e9s de que NotiCel publicara la carta de la Junta del viernes pasado en la que imputan que su decisi\u00f3n de dar por terminada la discusi\u00f3n sobre la Ley 80 se deb\u00eda, en parte, a dejadez del Gobierno de Puerto Rico.<\/p>\n
“Para m\u00ed fue una barbaridad la carta que ellos enviaron… refleja el vac\u00edo de liderato (en el ente fiscal)”, lanz\u00f3 Marrero en referencia a que la vacante que dej\u00f3 la exdirectora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, no ha sido llenada todav\u00eda.<\/p>\n
La Ley 80, que esencialmente busca devolver a los empleados cobijados por las leyes de retiro 447 de 1951 y 1 de 1990 a las condiciones que ten\u00edan antes de la reforma de los sistemas de retiro de 2013, ha estado bajo fuego de la JSF desde que la exgobernadora Wanda V\u00e1zquez Garced la autoriz\u00f3 a fines de 2020. En el neto, el gobierno busca que esos empleados puedan retirarse con al menos un 50% de su salario. Es un compromiso program\u00e1tico del Gobernador y ser\u00eda equiparar las condiciones de retiro de esos empleados a las logradas para otras categor\u00edas de empleados p\u00fablicos, dijo Marrero.<\/p>\n
En su carta del viernes, la Junta levanta objeciones sobre la calidad y pertinencia de la data que prove\u00eda el gobierno para poder evaluar el impacto de la medida bajo el Plan Fiscal, pero el ente tambi\u00e9n tiene una oposici\u00f3n filos\u00f3fica a permitir cualquier legislaci\u00f3n de retiro que se parezca a lo que hab\u00eda antes, y que provoc\u00f3 una deuda de $55,000 millones que fue la parte m\u00e1s grande de la deuda en la quiebra del gobierno. La oposici\u00f3n lleg\u00f3 al punto de que la jueza Swain aprob\u00f3 en el Plan de Ajuste de la Deuda una disposici\u00f3n que proh\u00edbe la creaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de sistemas de retiro por los pr\u00f3ximos 10 a\u00f1os.<\/p>\n
Marrero sabe que la parte filos\u00f3fica de la confrontaci\u00f3n con la Junta seguir\u00e1, pero asegur\u00f3 que, por disposici\u00f3n del tribunal, tienen hasta el 11 de junio para proveer alternativas a la corte para poder acomodar los prop\u00f3sitos de la Ley 80 dentro del Plan Fiscal.<\/p>\n
La Junta concluy\u00f3 que el proceso era “f\u00fatil” porque el gobierno quiere dise\u00f1ar alternativas sin datos precisos sobre los costos del retiro incentivado ni sobre el efecto econ\u00f3mico que puede tener en las agencias el que se retire un personal clave que tiene que ser sustituido. Pero Marrero ripost\u00f3 que hasta el Plan Fiscal est\u00e1 basado en proyecciones econ\u00f3micas y que la Ley 80 cuenta con un estudio actuarial sobre su impacto, as\u00ed como que hab\u00edan presentado a la Junta c\u00e1lculos basados en una muestra.<\/p>\n
Marrero a\u00f1adi\u00f3 que la oposici\u00f3n de la Junta a la Ley 80 “tuvo un efecto congelador en el inter\u00e9s de los empleados” para expresar si les interesaba el retiro incentivado, de manera que hubiera m\u00e1s data certera sobre el impacto, y que “no hay manera de dise\u00f1ar algo en que la gente solicite y entonces se haga el proyecto de ley”. Acus\u00f3 tambi\u00e9n que fue el mismo viernes pasado que la Junta le present\u00f3 el requisito de demostrar c\u00f3mo seguir\u00e1n operando las agencias que pierdan empleados al retiro incentivado, algo que argument\u00f3 no es necesario precisar como lo requiere el ente fiscal porque “eso pasa todos los d\u00edas, todos los d\u00edas la gente se va de las agencias”.<\/p>\n
“A lo largo del proceso de trabajar con la Junta para cumplir con los t\u00e9rminos de la estipulaci\u00f3n, el gobierno ha provisto a la Junta con la mejor informaci\u00f3n y an\u00e1lisis disponible dentro del tiempo permitido en la estipulaci\u00f3n. Contrario a la afirmaci\u00f3n de la Junta de que ‘este esfuerzo ha sido f\u00fatil’, creemos que nuestro intercambio de informaci\u00f3n ha sido tanto oportuno como directo”, dijo Marrero en una carta de respuesta que enviaron ayer.<\/p>\n
La carta de la Junta fue una “falta de respeto profesional” subray\u00f3 Marrero quien, a la pregunta de si los problemas de comunicaci\u00f3n se resolver\u00edan si se llena la posici\u00f3n de direcci\u00f3n ejecutiva en el ente fiscal, afirm\u00f3 que “totalmente y eso pasa en cualquier organizaci\u00f3n”.<\/p>\n
“En el \u00faltimo mes, puedes ver un tono distinto (en las comunicaciones) y parecer\u00eda que no hay un buen filtro a esas cartas que le preparan los consultores”, coment\u00f3.<\/p>\n
Vea:<\/p>\n
Junta entierra la Ley 80 sobre retiro por \u201cdejadez\u201d del gobierno <\/a><\/p>\n