La gobernadora Jenniffer Gonz\u00e1lez Col\u00f3n reconoci\u00f3 que el contrato de escaneo de carga en el Puerto de San Juan firmado en 2009 y operado por la empresa 2SPR, represent\u00f3 un gasto millonario sin resultados concretos para la seguridad ni la recaudaci\u00f3n contributiva.<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan datos oficiales, el sistema cost\u00f3 m\u00e1s de $168 millones entre 2011 y 2024, financiados a trav\u00e9s del \u201cEnhanced Security Fee\u201d, con un impacto estimado de $65 millones anuales para la cadena de suministros.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEste dinero ya se pag\u00f3 (\u2026) Hay un informe del Contralor de 2019 que dec\u00eda que el contrato no era bueno para el gobierno de Puerto Rico, pero no se hab\u00eda tomado acci\u00f3n. La estamos tomando ahora\u201d, dijo la gobernadora al anunciar la cancelaci\u00f3n, que ser\u00e1 efectiva en 90 d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n
La conferencia, sin embargo, estuvo marcada por preguntas de la prensa sobre por qu\u00e9 no se detuvo antes un contrato que facturaba inspecciones sin realizarse, y si hubo corrupci\u00f3n detr\u00e1s de su permanencia durante m\u00e1s de una d\u00e9cada. \u201c\u00bfQui\u00e9n ten\u00eda la responsabilidad de supervisar esto?\u201d, cuestionaron periodistas, subrayando que el costo total rondar\u00eda los $600 millones que terminaron pagando tanto el gobierno como los consumidores a trav\u00e9s del aumento en productos.<\/p>\n\n\n\n
El director de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negr\u00f3n, admiti\u00f3 que el sistema operaba como si estuvieran \u201csueltos por su casa\u201d, sin reglamentos ni procesos claros, y que \u201cninguna de las dos cosas estaba sucediendo\u201d, en referencia a la seguridad portuaria y la recaudaci\u00f3n contributiva.<\/p>\n\n\n\n
Aunque dijo que quisiera que se investigara si hubo corrupci\u00f3n, aclar\u00f3: \u201cNo tengo el expertise para hacer esa determinaci\u00f3n (\u2026) esas investigaciones tienen que ser llevadas por la agencia pertinente\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Negr\u00f3n tambi\u00e9n confirm\u00f3 que la empresa intent\u00f3 extender el contrato hasta el 2041, pero la Junta de Supervisi\u00f3n Fiscal la fren\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLa sexta enmienda fue sometida a finales del a\u00f1o pasado y la Junta rechaz\u00f3 la extensi\u00f3n. Eso dej\u00f3 vigente la quinta enmienda, que mantiene el contrato hasta 2033\u201d, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n
En medio de la controversia, la senadora Joanne Rodr\u00edguez Veve reaccion\u00f3 a trav\u00e9s de sus redes sociales, destacando que la decisi\u00f3n de la gobernadora coincide con denuncias que su oficina present\u00f3 en mayo pasado. Seg\u00fan Rodr\u00edguez Veve, el contrato conten\u00eda cl\u00e1usulas \u201cleoninas\u201d y representaba \u201cun gasto anual de aproximadamente $20 millones para el pueblo de Puerto Rico\u201d, que se traduc\u00eda en precios m\u00e1s altos para los consumidores.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAs\u00ed como hacemos cr\u00edticas, tambi\u00e9n es importante reconocer cuando se act\u00faa en la direcci\u00f3n correcta. En mayo denunciamos que se intentaba extender este contrato sin subasta y hoy se anuncia su cancelaci\u00f3n\u201d, expres\u00f3 la senadora, quien advirti\u00f3 que seguir\u00e1 vigilante sobre cualquier nuevo sistema que se implemente en los puertos.<\/p>\n\n\n\n
Por ahora, el gobierno de Gonz\u00e1lez Col\u00f3n insiste en que su prioridad inmediata es detener el gasto.<\/p>\n\n\n\n