El complejo todavía es objeto de otras reclamaciones legales entre el gobierno y los herederos del astro pelotero.

La Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) sometió ayer una petición de expropiación forzosa sobre una parte de los terrenos de la Ciudad Deportiva Roberto Clemente (CDRC) para usarlos como parte de los trabajos de dragado del Caño Martín Peña.

La petición de la AFI es en nombre de la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña y provee para uso de una parte no desarrollada del terreno, así como uso de su carretera principal, por ocho años y siete meses a cambio de una compensación de $134,900. Los trabajos de dragado tienen $163 millones en fondos federales asignados y responden a un estudio de viabilidad aprobado en 2016.

De ordinario, tras una petición como esta, lo que queda por discutir en el tribunal es si la compensación que el gobierno consignó es justa y razonable. Un informe de tasación dice que para llegar al valor de la compensación por la expropiación se tomó en cuenta que el terreno total (233.8 cuerdas) puede tener un valor de $4.6 millones si se considera la zonificación y permisos que podrían tener. Pero también describe su estado actual como mayormente desocupado.

“Originalmente abierta al público en 1974, Ciudad Deportiva Roberto Clemente fue desarrollada en terrenos donados por el Gobierno de Puerto Rico. Eventualmente incluyó un complejo de piscina, área de pista y campo, y campos de béisbol. Hoy, la piscina y áreas de pista y campo están deterioradas en total condición de negligencia y abandono. Estas están 100% depreciadas y no contribuyen al valor total de mercado. Algunos de los campos de pelota están en uso pero son mínimas las mejoras permanentes”, describió el tasador J. Javier Ortiz del Valle, de ODV Appraisal Group.

Aunque por años olvidada, la CDRC resurgió recientemente en la discusión pública por una confrontación entre el gobierno y la familia de Roberto Clemente, que incluye pleitos locales y federales que todavía no han terminado en los que los hijos del astro pelotero resisten las intenciones del gobierno de retomar control de los terrenos que cedieron en 1975 para integrarlos a la Autoridad para el Distrito del Centro de Convenciones y desarrollarlos.

La petición de expropiación no tiene que ver con esos pleitos, pero congela por casi nueve años las partes del terreno que se usarán para completar el dragado. Contrario a una expropiación total, el gobierno no reclama propiedad permanente sobre esas partes del terreno sino que las devolverían al cabo de los ocho años y siete meses. En este caso se busca adquirir mediante expropiación un “derecho de servidumbre de área de trabajo temporal y de paso temporal no exclusivo” sobre un total de 1.8 cuerdas.

Los fondos para el dragado están asignados desde 2022 y la construcción está dividida en tres contratos. Uno que terminó en 2023 para remover material vegetativo, escombros y basura en los márgenes del caño; otro que comenzó en abril de este año para protección y control de erosión en los puentes localizados al oeste del caño; y un tercero a otorgarse en septiembre próximo para dragado, canalización, estabilización del canal, componentes recreativos y restauración del mangle.

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