Víctor Ramos Otero insistió en esperar a una reunión con la Junta, sin precisar si la institución es segura para los pacientes.

Mientras el Hospital del Maestro se encuentra en una profunda crisis financiera con deudas que ascienden a $39.6 millones y bajo la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras, el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, evitó dar detalles concretos sobre la viabilidad de la institución o sobre las medidas inmediatas para garantizar la seguridad de los pacientes.

Cuestionado en varias instancias por la prensa sobre cómo un hospital puede operar con apenas 18 camas y tras el embargo de cuentas por parte del IRS, Ramos Otero respondió que las determinaciones financieras corresponden a la administración del hospital, pero reconoció que algunos cambios operacionales se han hecho sin la autorización del Departamento de Salud.

“Ellos tienen un CNC, un certificado de necesidad y conveniencia. Variarlo requiere un proceso formal. Eso no lo ha hecho el hospital. Los cambios que han hecho no han sido autorizados”, afirmó.

El secretario anunció que este jueves a la 1:00 p.m. sostendrá una reunión con la Junta de Directores del hospital para evaluar un informe de hallazgos de los inspectores. Sin embargo, se negó a precisar si el cierre es una de las opciones sobre la mesa.

“Estamos preparados para cualquier escenario posible, pero no voy a adelantar nada hasta que se dé el diálogo”, expresó sin dar detalles.

La prensa insistió en si recomendaría a los pacientes acudir a la institución en medio de este cuadro de quiebra y reducción drástica de servicios. Ramos evitó responder de forma directa: “Mis inspectores están allí todos los días, verificando el funcionamiento. El hospital está teniendo unos retos significativos en estos momentos”.

El hospital, fundado en 1959 por la Asociación de Maestros, enfrenta reclamaciones millonarias por retenciones no remitidas a Hacienda, deudas a LUMA y AAA, demandas por impericia y la exclusión de Triple S como aseguradora.

Aunque la institución asegura que el proceso de quiebra busca reorganizarse y proteger a los pacientes, la ausencia de respuestas inmediatas desde el gobierno alimenta la incertidumbre de quienes dependen de sus servicios de salud.

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