La nueva reclamación surge de la contratación por la que también hay controversia con la empresa Tecsecure.

La contratación de la empresa XUVO Technologies LLC por parte del Departamento de Salud (DS) para manejar sus transacciones digitales provocó una segunda controversia la semana pasada con una demanda por el trámite de las licencias de cannabis medicinal.

El secretario del DS, Víctor Ramos Otero, otorgó el contrato del 19 de mayo pasado sin proceso de competencia y solo después de que personal de XUVO le hiciera una presentación. Con el contrato, XUVO desplazó a Tecsecure, Inc., la cual desde 2014 manejaba las certificaciones relativas a la División de Salud Ambiental, División de Registro Demográfico y la Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades de Salud a través de su plataforma, RenovacionesOnline.

Pero el miércoles pasado, la compañía Futucare LLC sometió una demanda en la que reveló otra consecuencia de la contratación. Desde 2018, ellos tienen un acuerdo con el DS para desarrollar una plataforma para las licencias de los distintos componentes del Programa de Cannabis Medicinal (pacientes, participantes, médicos, establecimientos y proveedores). Además, una vez desarrolladas, estuvieron tramitando las licencias anuales hasta que, el 19 de mayo, Salud le pasó esas funciones también a XUVO en el contrato nuevo.

Según el Registro de Cabilderos, la compañía XUVO, que preside Pedro F. Santiago Rosado y que representa en los contratos Félix Camacho Ramos, es cliente de la firma Globalize LLC. En tanto, Futucare (que gestionan Ricardo J. Chipi Millares y Rafael J. Estevez Martínez) ni Tecsecure (que encabeza Manuel Guerra Mondragón) aparecen como clientes en ese registro.

En el caso de Futucare, la alegación es que ese traspaso de funciones ocurrió mediante robo de propiedad intelectual de parte de XUVO y mediante interferencia ilegal de Salud entre el acuerdo privado que tenían Futucare y XUVO para colaborar. La demanda alega que Futucare y XUVO tenían un acuerdo bajo el que cualquier tecnología desarrollada durante la vigencia del mismo iba a ser propiedad exclusivamente de Futucare. Pero entonces, XUVO habría usado esa tecnología para ofrecerle a Salud hacer ellos las tramitaciones de licencia y sacar a Futucare.

La demanda sostiene que el contrato de XUVO sería nulo por las violaciones a cláusulas de propiedad intelectual, información confidencial, trabajo por paga (“work for hire”) y prohibición de competencia que había en su acuerdo de colaboración. Añade que XUVO pudo haber intervenido ilegalmente con las negociaciones entre Salud y Futucare y que en su contrato nuevo representan que son dueños de la propiedad intelectual que van a usar pero, en el caso de las licencias de cannabis, no sería así porque sería tecnología de Futucare.

Tecsecure todavía no ha reclamado al gobierno por la cancelación de su contrato para otorgarlo a XUVO, pero el gobierno sí la demandó. En una resolución del jueves pasado, la jueza superior Sarah Rosado Morales determinó que la empresa tiene que entregarle al departamento el respaldo (“backup”) histórico de todas las transacciones desde que empezó el contrato hasta que el 27 de junio la agencia les ordenó suspender el servicio de inmediato. Pero no concedió la solicitud de la agencia para que la empresa devolviera los cargos que cobró a los usuarios por las transacciones que no se pudieran haber completado a la fecha del corte.

De su faz, los contratos, tanto el de Tecsecure, como Futucare y XUVO, no contienen totales de lo que el suplidor se va a ganar, porque le cobran al ciudadano que usa el servicio, no a la agencia. Esa falta de monto especificado en el contrato ha sido usado también para argumentar que no implican fondos públicos, cuando la realidad es que lo que los ciudadanos pagan por las transacciones son fondos públicos que el suplidor recolecta y le pasa al Departamento de Hacienda.

Las formas de ganancia de los suplidores varían.

En el caso de Tecsecure, era un cargo por transacción que establecían según el tipo de transacción. En el de Futucare, son $19.95 por cada renovación anual de cada categoría de licencia bajo el Programa de Cannabis Medicinal, bajo el cual ellos dicen que hay 125,000 pacientes y 340 operadores. El de XUVO, mantiene los $19.95 para cannabis pero usa estructura híbrida para otras transacciones. Hay un cargo por procesamiento si la transacción llega hasta un monto particular y, si se pasa de ese monto que es distinto para cada tipo de transacción, entonces lo que cobran es un porciento que va del 9.5% al 18%.

Ramos Otero le otorgó el contrato a XUVO después de años de controversia sobre los intentos de esa empresa por entrar a la agencia.

En 2020, tanto el Departamento de Justicia como la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) concluyeron archivar una querella contra la exPrincipal Ejecutiva de Innovación e Información, Glorimar Ripoll Balet, que alegaba que había intervenido para impulsar contratos de XUVO en agencias de gobierno, incluyendo Salud. Las alegaciones habían sido hechas en una vista de la Cámara de Representantes y también por un suplidor que perdió contratos en el gobierno debido a esta supuesta intervención. En el caso específico de una contratación de XUVO con Salud, el informe indicó que el contrato no se concedió por opinión desfavorable de la Oficina de Asesores Legales de la agencia y que ninguno de los que intervinieron con ese trámite “manifestó sentirse presionado en finiquitar la contratación con XUVO”. Tampoco surgieron comunicaciones o intervenciones de la funcionaria a esos efectos. El informe consigna que Ripoll Balet y Camacho Ramos, de XUVO, habían sido compañeros de empleo en Evertec.

Para leer la demanda de Futucare, pulse aquí.

Para la resolución del tribunal en el caso de Tecsecure, pulse aquí.

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