Durante una vista pública sobre la Resolución Conjunta del Senado 68.

La Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, presidida por la senadora Marissa Jiménez Santoni, celebró una vista pública sobre la Resolución Conjunta del Senado 68, que ordena al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) actualizar reglamentos y establecer protocolos para atender la erosión costera y los efectos de los fenómenos naturales.

El DRNA sostuvo que está inmerso en un proceso de revisión de reglamentos y desarrollo de proyectos dirigidos a mitigar y adaptar. Detalló que, a través de la Oficina del Programa de Manejo de la Zona Costanera, se financian y ejecutan iniciativas de restauración de dunas, manglares, humedales y arrecifes de coral, así como estudios técnicos en colaboración con agencias federales como el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Asimismo, la agencia recalcó que la estrategia busca armonizar la protección ambiental con el desarrollo económico, priorizando soluciones basadas en la naturaleza.

En contraste, el Fideicomiso para Ciencia, Tecnología e Investigación de Puerto Rico (FCTIPR), mediante su Centro Caribeño de Aumento del Nivel del Mar, coincidió en la urgencia de la medida, pero advirtió que la erosión ya afecta a más del 60% de las playas en la isla, lo que pone en riesgo comunidades, infraestructura crítica y bienes públicos.

El Fideicomiso emplazó al Senado a establecer plazos claros para que el DRNA culmine la actualización de reglamentos y protocolos —entre seis y nueve meses— y a exigir informes periódicos al Legislativo. Además, insistió en que las soluciones naturales, como la restauración de dunas y manglares, se adopten como directriz principal, en lugar de recurrir a estructuras de cemento que, a su juicio, agravan la erosión a mediano plazo.

Tanto el DRNA como el Fideicomiso coincidieron en que el problema exige atención inmediata y planificación resiliente, pero discreparon en la forma: mientras el DRNA subrayó que ya implementa proyectos bajo los marcos legales vigentes, el Fideicomiso urgió a que el Senado apruebe disposiciones más estrictas de cumplimiento, transparencia y financiamiento.